Sigue el debate sobre la relación entre dinero y política, impulsado por las investigaciones del caso Penta. No es la primera vez que ello ocurre. Recordemos las boletas de Publicam en la rendición de cuentas presentada por algunos parlamentarios años atrás. Pero ahora el tema ha adquirido una relevancia pública mayor: son muchos los actores políticos y económicos que con razón se pronuncian en favor de un cambio legislativo sobre la forma de financiar las campañas políticas. Incluso se habla de un eventual acuerdo entre el gobierno y la oposición.
Hay que tener presente que en casi todos los países democráticos se han producido escándalos relativos al financiamiento de la política. Sería difícil encontrar una excepción. En algunos la denuncia de las irregularidades ha echado por tierra la carrera de más de un dirigente político, en otros como Italia el efecto fue un cambio completo del esquema de partidos.
Chile es un país con altos estándares de probidad pública, lo que permite enfrentar este tema con mayor serenidad. Ocupamos el primer lugar entre los países latinos en disputa con Uruguay. Contrariamente a lo que se sostiene con liviandad, la política entre nosotros no es corrupta. No se compran los votos de los parlamentarios, ni las decisiones de los ministros, ni las resoluciones de los magistrados. Los proyectos de inversión no requieren de sobornos para su aprobación.
Pero no cabe duda que la forma en que hasta ahora se han financiado las campañas electorales topó fondo. El acuerdo político del 2003 que normó la materia se ha agotado. Hay que generar un sistema más transparente, que permita el escrutinio ciudadano, garantice la independencia de los parlamentarios y resguarde las empresas de chantajes o amenazas. Se requiere un salto hacia un nuevo estadio de probidad más exigente. Por algo ha avanzado en el país la adhesión al principio de transparencia tanto en el sector público como privado. Así lo revela, por ejemplo, el reciente índice de transparencia corporativa dado a conocer la semana pasada en que muchas empresas tienen una importante mejoría en la información que ponen a disposición del público.
Sin embargo, como demuestra la última Encuesta Bicentenario de la UC y Adimark, la desconfianza sigue siendo muy alta, afectando tanto a las instituciones políticas como a las empresas: sólo un 16% confía en estas últimas, lo que cambia notablemente respecto de las empresas en que el encuestado trabaja subiendo a un 76%. Lo mismo ocurre con bancos y casas comerciales. En general, se desconfía de lo que se desconoce.
Ha llegado el momento de sincerar la realidad. Hay que reconocer que los períodos de campaña electoral son más extensos que lo contemplado por la ley, y de regular mejor el gasto electoral, reforzando las atribuciones del Servel y la Justicia Electoral regional. Por su parte, hay que estimular que las personas financien los gastos de los candidatos e impedir que lo hagan las empresas, que no deberían inmiscuirse en asuntos electorales aprovechando ventajas tributarias. Sus accionistas probablemente tienen muy diversas opiniones sobre los asuntos públicos. El presidente de la CPC se ha pronunciado en favor de esta iniciativa.
También parece oportuno eliminar los llamados “aportes reservados”, que por mandato legal su origen no debiera ser conocido por los candidatos, sino sólo por el Servel. Sin embargo, como lo han reconocido varios parlamentarios, es muy difícil que se mantenga esa incomunicación, de tal manera que esos aportes sólo quedan sustraídos al escrutinio de la gente, lo que aumenta la suspicacia y la desconfianza. Hay que transparentar ingresos y gastos de campaña para que la gente sepa la verdad. Entonces, es probable que disminuyan los resquemores y las suspicacias.
Lo importante es no dejar pasar la ocasión y hacer los cambios que el país reclama. Así ha ocurrido en ocasiones anteriores. El sistema de Alta Dirección Pública surgió, precisamente, de la crisis del caso MOP-Gate. Un país sano aprovecha las oportunidades. No se trata de blanquear irregularidades, si las ha habido, sino de reconocer oportunamente que debemos asumir las nuevas exigencias de transparencia.
Por José Antonio Viera-Gallo
Fuente: DF